Me parece que la idea del “chorreo” se hizo popular en algún momento del Gobierno de Alejandro Toledo. El significado aceptado consiste en que los beneficios del desarrollo económico se diseminan sobre la población de a pocos y luego que algunos agentes (los empresarios, inversionistas) hayan primero gozado de esos frutos. La imagen que se me ocurre es la de un vaso con agua, que una vez lleno, empieza a derramarse sobre una piscina vacía (la población). El “chorreo” no dice qué tan rápido se llenará la piscina ni si se irá reemplazando el vaso por otro de mayor tamaño de tal modo que los beneficios se demoren en llegar y sean más aprovechados por las sectores más ricos. El concepto también lleva implícito un orden en la recepción de los beneficios. Y esto no tiene porque ser así. 

Con el nuevo Gobierno votado el domingo 05-junio por los peruanos, se abren posibilidades muy interesantes para reforzar el desarrollo y sobre todo distribuir sus frutos más igualitariamente pero también más responsablemente. Las propuestas como la Pensión 65 (P65) y guarderías gratuitas para madres de zonas pobres pueden enmarcarse dentro de los programas con más alcance universal. Estos programas, a diferencia de los meramente dirigidos a aliviar la pobreza, mejoran las oportunidades de las personas o corrigen las desigualdades pasadas. El caso de la P65 ya lo he explicado en anteriores posts, pero vale la pena mencionar que este programa, al estar dirigido a aquellos adultos mayores que no pudieron tener una pensión, ayuda a corregir las desigualdades de oportunidades pasadas que el Estado no resolvió. Algunas personas podrían objetar esta pensión y argumentar que no es justo darla a personas que no contribuyeron o se esforzaron para contribuir a algún sistema de pensiones; y sobre todo se acusa a los informales de no merecerla. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores informales y pobres no son responsables de tener trabajos en ese sector dado que no tuvieron las oportunidades en el pasado para educarse, nutrirse o acceder a servicios de salud con el objeto de mejorar su productividad y entrar al mercado formal. ¿Por ejemplo, cómo se le puede exigir a un agricultor de Apurímac que no gozó de oportunidades para educarse que sea formal? En este sentido, si las personas no son responsables de su situación actual, hay argumentos de justicia distributiva para compensarlas con transferencias. Por el contrario, si un individuo sí es responsable de su situación actual, dado que sí tuvo las oportunidades para educarse pero decidió voluntariamente nunca trabajar o no entrar al sector formal para no pagar impuestos, entonces no debe recibir compensación alguna. Este podría ser el caso de un profesional que prefiere no hacer facturas ni pagar seguridad social para ahorrarse ese dinero. 

Un programa como el de las guarderías trata de igualar las oportunidades para trabajar entre hombres y mujeres y poner el piso más parejo entre mujeres de bajos y altos ingresos. Este beneficio va a permitir elevar la tasa de participación laboral femenina y por tanto los ingresos familiares, o dar un mayor descanso a las mujeres que se hacen cargo del hogar y en muchos casos de una familia numerosa. Tanto un mayor número de horas trabajadas a través de mayores ingresos o más horas de descanso van a mejorar el bienestar de las mujeres más pobres y sus familias. Adicionalmente, las oportunidades para capacitarse y trabajar de una madre adolescente y pobre podrían ser mejoradas sustancialmente, lo cual va a afectar positivamente toda su vida (hay más de 160 mil madres entre 12 y 19 años). A diferencia de la P65, este programa corrige desigualdades actuales y no pasadas, lo cual constituye una adecuada combinación. El concepto de responsabilidad también puede ser aplicado aquí: la idea es que las madres pobres no son responsables de su pobreza actual ni completamente responsables del número de hijos que tienen dado el limitado acceso e inadecuado manejo de métodos anticonceptivos, y la poca educación y cuidado de la salud que han podido gozar durante su niñez y adolescencia. 

El plan de gobierno de Gana Perú y su posterior defensa hubiesen sido más claros y convincentes si se hubiera adoptado explícitamente el enfoque de la igualdad de oportunidades, redistribución, justicia y responsabilidad*. Lo importante es que se han votado por estas ideas, espero que el diseño técnico sea adecuado y que además se incluyan aspectos de eficiencia que toda intervención pública debe incorporar. 

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* Para una introducción sobre el tema desde la disciplina económica, se puede ver Fleurbaey, Marc (2008)  “Fairness, Responsability and Welfare”, Oxford University Press.