En julio pasado apareció la lista de las primeras personas que se beneficiarían de las reparaciones económicas para las víctimas de la violencia política de los años 1980-2000, y que según los criterios del D.S. Nº 051-2011-PCM, estas son los cónyuges de las víctimas de al menos 65 años, los padres de las víctimas siempre que tengan al menos 80 años y no tengan soporte familiar, las víctimas con discapacidad o que hayan sufrido violación sexual de 65 años o mayores. El monto es de S/. 10,000 que se paga por única vez. Sin embargo, en el Informe Técnico de la PCM (2011)* se señala que la reparación podría estar comprendida entre S/. 7,000 y S/. 25,000.

Aparecieron varias notas en la prensa criticando lo bajo del monto y la poco clara forma de determinarlo. En realidad cualquier monto que una política pública estipula no va a estar exento de cierta arbitrariedad relacionada a la importancia del programa, su impacto en la población objetivo, la generosidad del Estado e importantemente de los recursos disponibles. Del mismo modo, la forma de entrega no es cosa menor, no es igual para las finanzas públicas entregar pagos mensuales (pensiones por ejemplo) que un pago único. Para reducir esta arbitrariedad se toman valores referenciales como el ingreso per cápita promedio, salario mínimo, líneas de pobreza, etc. con el objeto de determinar el valor adquisitivo de la transferencia económica, porque al final lo que se hace con el dinero es gastarlo, sobre todo en el caso de las familias de bajos ingresos que no tienen capacidad de ahorro.

El dinero para las reparaciones proviene de los ingresos del Estado y estos provienen principalmente de la recaudación de impuestos, la cual entra a la caja pública mensualmente. Por ello, pareciera más pertinente entregar reparaciones con alguna frecuencia y no de una sola vez. Aquí hago el ejercicio de entregar pensiones vitalicias mensuales a la lista de los primeros beneficiarios del programa de reparaciones económicas (2,735 personas). La metodología sigue el cálculo actuarial estándar, las tablas de mortalidad del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y la misma tasa de interés técnico de 4%. Es necesario considerar esta tasa porque de algún modo hay que traer los flujos futuros de pensión al presente y sumarlos para saber cuánto es que el Estado debe ahorrar para honrar los pagos de pensión. Dada las características de la población analizada, los pagos de pensiones pueden llegar hasta el año 2056.

La pensión podría ser igual al monto del nuevo programa Pensión 65, es decir S/.250, ó equivalente a la línea de pobreza del área rural -S/.208- dado que la gran mayoría de beneficiarios vive ahí. Otorgar una pensión igual a la línea de pobreza significa que se busca de algún modo prevenir a la persona de caer en situación de pobreza, un objetivo de muchos programas de asistencia social. En el cuadro anterior, se ve que la reparación de un pago único de S/.10,000 podría costar S/.27.4 millones a desembolsar este año, mientras que la entrega de una pensión entre S/.208 y S/.250 costaría entre S/.73 y S/.88 millones en el transcurso de los próximos 45 años. En el gráfico de abajo se ve la evolución de los pagos por una pensión igual a la línea de la pobreza, los cuales son más fáciles de afrontar para el Estado. Por ejemplo, el primer año el Estado pagaría casi S/.7 millones en lugar de los S/.27 millones con el esquema de pago único. 

El hecho que los beneficiarios reciban una pensión mensual puede también ser leído como que el Estado mantiene una preocupación constante por ellos, a diferencia del pago único de la reparación en el que una vez realizado el pago, el Estado se desentiende de la persona. De hecho, la entrega de pensiones puede estar asociada a programas de salud y otros cuidados. Por otro lado, la violencia política afectó la capacidad de ahorro de las víctimas y sus familiares y por lo tanto su capacidad de ahorro previsional. Por esto, una pensión puede también ser pensada como una forma de reparar esa capacidad pérdida, otorgándole a la persona al menos un nivel de vida fuera de la pobreza. Del mismo modo, el riesgo del pago único es que este se gaste inmediatamente con la consecuente persistencia de la pobreza entre los beneficiarios.

* PCM (2011) Informe Técnico - Lineamientos técnicos y metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir la implementación del Programa de Reparaciones Económicas.