Es más que bienvenida la voluntad política recientemente expresada a través del Ministro de Economía para reformar el sistema de pensiones peruano. Y no me refiero solamente al Sistema Privado de Pensiones (SPP) sino a todo el sistema pensionario, incluyendo al Sistema Nacional (SNP) por supuesto. Los aproximadamente dos millones de contribuyentes efectivos del SPP son importantes y también la voz de las AFP, pero ellos no deberían ser los únicos invitados a la fiesta, lo son también el millón de contribuyentes del SNP y el casi medio millón de sus pensionistas. Del mismo modo, deberían ser incluidos los intereses de los trabajadores que no tienen la fortuna de estar afiliados pero que con sus impuestos (IGV, ISC por ejemplo) colaboran para el pago corriente de las pensiones mínimas y bonos de reconocimiento de ambos sistemas y las pensiones del SNP.

Los problemas de los altos cotos, baja cobertura, desigualdad y de diseño en el sistema peruano deben verse de forma integral porque todo está interrelacionado. La fortuna del afiliado del SPP que puede ahorrar individualmente significa una limitación para los del SNP porque sus pensiones no pueden crecer mucho o se mantendrán estancadas debido a que una gran masa de trabajadores –el motor del funcionamiento en un sistema de reparto- se fue al SPP. Y así, la fortuna de un afiliado de cualquier sistema implica que los pagos de impuestos de los ciudadanos que no están afiliados a ningún lado deben ser usados para pagar los beneficios de ambos sistemas y permitir a los afilados del SPP ahorrar exclusivamente para ellos mismos.

El análisis y propuesta de reforma debe recoger al menos estas consideraciones y estudiarlas; no se trata de abdicar de las ventajas de un sistema de capitalización pero sí de mejorarlo sin renunciar al potencial redistributivo y de autofinanciamiento de un sistema de pensiones. En Chile esto se hizo luego de 20 años con la comisión Marcel; se incorporaron una serie de elementos que mejoraron el aspecto redistributivo y de cobertura del sistema. La diferencia con Chile es que nosotros tenemos un sistema público de pensiones, y bastante grande, por lo que cualquier reforma debería tomarlo en cuenta, de lo contrario estaríamos excluyendo a una parte importante –y con menos ventajas- de la población, algo que definitivamente no iría en la onda de la inclusión social de este Gobierno.