Es interesante, y a la vez lamentable, la forma en que se está desarrollando un escándalo porque la abuela de la Vice Presidenta de la República es usuaria del programa de pensiones sociales Pensión 65. Vale la pena recordar que Pensión 65 es una subvención equivalente a S/. 125 mensuales para los adultos mayores que vivan en condición de pobreza extrema y no tengan una pensión. Al parecer, según indica La Republica y el mismo Programa, la abuela sí cumple con vivir en condiciones de pobreza extrema, (formalmente según los criterios de focalización) vive en una casa de calaminas con techos de estera y se dedica a criar animales.

Entonces, si ella está viviendo como pobre extremo y cumple los requisitos del Programa, tiene derecho a recibir la subvención. Este dinero está pensado para darle al adulto mayor pobre un ingreso económico seguro y pueda así mejorar sus condiciones de vida; y también retirarse del mercado laboral en el caso de personas de muy avanzada edad. Es inadecuado que la Vice Presidenta decida por su abuela y use su poder político para que la desafilien, es decir, le está diciendo: “no ejerzas tus derechos, abuela”. Lo mismo aplica para otros políticos que están pidiendo que la abuela ya no siga en el Programa.

Lo que esto revela es al menos dos cosas. Que el tener un familiar directo viviendo en la pobreza extrema no ha sido barrera para lograr ser Vice Presidenta, es decir hay movilidad social. Sin embargo, este caso también comprueba que esa movilidad es lenta en el Perú, pues ha tenido que pasar dos generaciones para desplazarse en el escalafón socio-económico. Lo otro que se desprende de este hecho es el olvido en que viven muchos adultos mayores, y es justamente esa condición lo que les hace más vulnerables a la pobreza. Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares del 2011, 26% de los adultos mayores del área rural viven solos en sus hogares. Y un total de 56% viven solos o con una persona más, generalmente otro adulto mayor.