La existencia de los Bonos de Reconocimiento (BdR) en el SPP puede ayudar a limitar el alcance de la Ley del Congreso que permite retirar el 95.5% de los fondos de pensiones. 

Los BdR son títulos que el Estado entrega a los afiliados del SPP que antes estuvieron en algún sistema público de pensiones con el objeto de reconocer las contribuciones realizadas y así tratar de mejorar la pensión en el SPP. Dado que las pensiones de los sistemas públicos en Perú se calculan por medio de derechos pensionarios (con parámetros) y el SPP se basa en la capitalización individual, el BdR fue la solución encontrada para “monetarizar” los derechos pensionarios adquiridos antes de la afiliación al SPP. El afiliado recibe el monto del BdR actualizado por inflación poco antes de jubilarse y es sumado a sus fondos acumulados para calcular la pensión.

Dicho esto, no es difícil darse cuenta que hay un problema serio con la Ley del Congreso. Más allá de su posible inconstitucionalidad, esta Ley no podría ser ejecutada en los casos de afiliados que cuentan con BdR, pues estos son títulos de designación específica para el pago de una pensión en el SPP. El BdR es el valor monetario de los derechos pensionarios del pasado y de un régimen de pensiones distinto al SPP y por tanto no podrían ser alcanzados por la propuesta del Congreso.

Los montos involucrados no son nada pequeños. De acuerdo a la muestra de registros administrativos individuales del SPP y SNP a diciembre de 2013 que he usado para una investigación académica (Asociación Peruana de Economía Documento de Trabajo No. 56. link: http://perueconomics.org/wp-content/uploads/2014/01/WP-56.pdf), aproximadamente 29,500 personas cumplen 65 años y pueden jubilarse en el 2016. Estas personas contarían con fondos de pensiones y BdR por un aproximado de S/. 1,900 y S/. 486 millones, respectivamente. Esto significa que S/. 2,277 millones (el famoso 95.5%) podrían ser entregados directamente a los afiliados de 65 años. Esto no incluye a los afiliados mayores de 65 años que aún no se han jubilado pero bien podrían verse motivados a hacerlo este año por la propuesta del Congreso. La inclusión de estos casos elevaría la cifra total a un máximo de S/. 4,680 millones que podrían ir directamente al bolsillo de los que se jubilen en el 2016.

Aproximadamente el 77% de los fondos de pensiones que podrían ser retirados este año corresponden a afiliados que tienen un BdR. Si se acepta el argumento que la propuesta del Congreso no puede implementarse sobre estos casos, entonces el Gobierno puede, al menos, contener parcialmente la medida populista del Congreso y ganar tiempo hasta poder encontrar una medida constitucional más permanente para no destruir el sistema de pensiones peruano.