La última comisión presidencial que se formó en Chile para reformar el sistema de pensiones incluyó a 16 comisionados chilenos y 8 extranjeros. Los miembros extranjeros, que son académicos de reconocida trayectoria, también tuvieron derecho al voto para decidir la propuesta global de reforma. De las tres propuestas globales, la opción A ganó con 12 votos, incluyendo 5 votos extranjeros y 7 nacionales, mientras que la opción B obtuvo 11 votos, incluyendo 2 votos extranjeros y 9 nacionales. La opción C fue votada en solitario por una comisionada polaca.  

La opción A busca profundizar las reformas emprendidas en el 2008, es decir fortalecer las pensiones solidarias y mejorar las pensiones basadas en capitalización individual. Esta opción no plantea una reforma drástica ni tampoco desafía la lógica ni los límites de la capitalización individual. La opción B, desafiando la racionalidad de tener un sistema de capitalización puro, apunta a crear un sistema mixto de pensiones con la creación de un componente de seguro social que recupere el principio de solidaridad entre afiliados y entre generaciones. La opción C propone volver al sistema de reparto.

Las protestas masivas del ‘No+AFP’ vividas en Chile en los últimos meses son un claro ejemplo de que las pensiones son un tema de interés nacional, preocupante y que el sistema que las organiza debe contar con legitimidad. Más allá de las bondades y limitaciones de cada propuesta, que la opción de reforma preferida haya sido alcanzada con la mayoría de los votos extranjeros no ayuda a legitimar la propuesta.

En Perú se ha anunciado la creación de una comisión de reforma de pensiones, incluso se ha dicho que habrá una comisión técnica y otra política, imagino que esta última administrada en el Congreso. Tener dos comisiones paralelas es un error, sobre todo cuando al parecer estas van a tener objetivos muy distintos. De qué va a servir aislar lo puramente técnico de lo político si al final de cuentas es el Congreso el que va a votar la reforma. Lo que debería hacerse desde el inicio es que el Ejecutivo y Congreso, juntos, busquen consensos para formar una sola comisión de expertos.

Estos comisionados deberían ser propuestos por el Congreso y el Ejecutivo, a quienes se les debe otorgar un mandato definido y el apoyo técnico y decidido del MEF y la SBS. Lo ideal es que los comisionados sean académicos o técnicos reconocidos que representen distintas tendencias de pensamiento y áreas de especialización. No se debería tener comisionados extranjeros ni a miembros de organismos multilaterales, pero sí invitarlos para que ilustren sobre sus experiencias en otros países y sepan señalar las ventajas y desventajas de distintos modelos de reforma.

En el plano nacional hay perfiles destacados de personas que saben de pensiones, como por ejemplo Noelia Bernal y Eduardo Morón (U. del Pacifico), Jorge Rojas y Pedro Francke (PUCP), Miguel Angel Carpio (U. de Piura), Luis Chávez-Bedoya (ESAN) y David Tuesta (BBVA). Sería óptimo también que el Consejo Fiscal tenga asiento en la comisión, al igual que los anteriores miembros académicos de la comisión de reforma de pensiones del 2012.

No en cantidades exorbitantes, pero tenemos talento nacional suficiente para repensar y proponer un mejor sistema de pensiones. Ya han pasado más de dos décadas de aquellos tiempos en los que expertos extranjeros, del FMI, Banco Mundial y BID nos dictaban como debíamos resolver nuestros problemas. Hay que llamarlos, sí, pero para que ayuden con sus experiencias, y somos nosotros los que debemos reflexionar y decidir qué hacer.