Se han abierto varios frentes que intentan desmantelar el sistema de pensiones peruano. Por un lado, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ya dejó de ser un sistema de pensiones desde el 2016 cuando se permitió que los afiliados puedan retirar hasta el 95.5% de sus fondos en lugar de una pensión de jubilación. Ahora es simplemente un sistema de ahorro forzoso, y además caro. Por otro lado, el Congreso está intentando que se devuelvan las contribuciones hechas al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para aquellos afiliados que no llegaron a los 20 años requeridos para tener una pensión de jubilación. Incluso, se contempla que afiliados menores a la edad de jubilación legal (65) puedan recibir esas devoluciones. Esto es increíble, pues la devolución de contribuciones para estas personas reducirá el conteo de años aportados y por tanto les va a ser más difícil obtener una pensión. Esta política solo atiende al corto plazo y no la protección social de largo plazo. Los sistemas de pensiones justamente existen porque en los individuos hay miopía, procrastinación y otras limitantes de comportamiento que nos hace difícil ahorrar para el largo plazo. El Estado (Gobierno y Congreso) debe tratar de dar seguridad social a las personas con beneficios adecuados privilegiando la previsión en lugar de simplemente abrir indiscriminadamente la caja de los ahorros previsionales.

Dicho esto, es también importante señalar que el “todo o nada” de los 20 años mínimos requeridos para obtener una pensión es claramente regresivo, originando que los afiliados perciban las reglas pensionarias como ilegitimas. Hay que notar también que este requisito existe con el objeto de abaratar el costo del SNP, pues ante la poca masa salarial de sus afiliados, se busca dar pensiones bajas a la menor cantidad posible de gente. El sistema de reparto configurado de este modo, es decir con los trabajadores de más altos ingresos en el SPP, y los de bajos ingresos en el SNP, está condenado a crear sus propios desequilibrios.

Lamentablemente, las personas no cotizan. Con datos de una muestra representativa de la población afiliada al SNP a Dic-2019, se observa que solo el 6.6% de los afiliados de 65 años o más habían hecho contribuciones por al menos 20 años, y 71% (223,260 personas) había cotizado por menos de 5 años (ver figura 1). Increíblemente el número promedio de contribuciones de este último grupo es de solo un año. Es más, el 47% de los afiliados de 65 o más ha cotizado por menos de un año. Sin embargo, hay grupos que han cotizado más regularmente; por ejemplo, 7% ha cotizado entre 10 y 15 años (20,680) y 4% lo ha hecho entre 15 y 20 años (13,830). Creo que el establecimiento de pensiones reducidas para estas personas es una mejor solución que la “devolución” planteada por el Congreso, pues las pensiones son vitalicias y crecerán en el tiempo con el aumento de la pensión mínima o con algún ajuste que mantenga su poder adquisitivo. Además, las pensiones generan pensiones de sobrevivencia, cosa que no ocurre con la entrega de efectivo en la “devolución”.

Figura 1

Dado que la pensión mínima es S/. 500 (mensualizados) puede ser adecuado tener 3 pensiones proporcionales: S/. 125 si contribuyes 5-10 años, S/. 250 si contribuyes 10-15 años y S/. 375 si contribuyes 15-20 años. En ningún caso se debería dar pensión o devolución a personas de menos de 65 años. El promedio anual de estas pensiones para el primer año de la política sería de S/. 2,540. El costo fiscal sería de S/.177 millones, mientras que el número de nuevos pensionistas seria de 69,750.

Esta solución es mejor que la dilapidación de la caja fiscal con las “devoluciones”. Al menos el Congreso podrá decir que ha contribuido con ampliar la protección social del país, y no simplemente con arreglar un problema del corto plazo. Asimismo, esta solución es más fácil de incorporar en la propuesta de un sistema de pensiones multipilar (que se está trabajando en una comisión especial de Congreso), el cual debiera incluir algún elemento de solidaridad a través de pensiones mínimas y la pensión universal básica. De hecho, con la reforma el grupo que contribuyó 5 años o menos podría más adelante obtener al menos una pensión universal.

Entendiendo los problemas de liquidez de los hogares a causa de la pandemia, podría establecerse que el pago de las nuevas pensiones es adelantado y trimestral por los dos primeros años de la política. Es decir, el nuevo pensionista recibirá 3 pensiones cada tres meses. Esto es de todas maneras un ingreso no esperado que puede ayudar en algo a mejorar la calidad de vida de los pensionistas.